La Procuraduría General del Estado pidió iniciar las diligencias preliminares contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, por presunta comisión del delito contra la administración pública en modalidad de concusión.
El anuncio se produce apenas horas después que el Poder Judicial aperturará un juicio oral contra Soto donde se discutirá el pago de reparación civil solicitado por la empresa Waynapicchu, proceso donde fue investigado por presunta estafa.
Waynapicchu presentó la solicitud luego que un juzgado considerara prescrita la acción penal para el presidente del Congreso. Tras acogerse a la ley de prescripción aprobada por el Parlamento.
La ley aprobada modifica el código procesal penal respecto a plazos de suspensión de prescripción de delitos, planteando un determinado tiempo de vencimiento. Permitiendo que los imputados queden libres y que la capacidad de suspensión que tiene la autoridad se fije en máximo de un año.
